Sucede que dentro la Carta Magna se indica que “los actos públicos del gobierno y de la administración provincial, y en especial los que que se relaciones con la renta pública y sus inversiones, serán publicados periódicamente en la forma y tiempo que la ley reglamente”.
El decreto dispone la publicación obligatoria de los actos administrativos de la Presidencia y de todo otro organismo de dependencia del cuerpo. Los actos en cuestión comprenden la inversión de la renta pública, los decretos de Presidencia que dispongan la designación o contratación de funcionario o empleados (temporarios o permanentes), pases a planta, ascensos, recategorizaciones y modificaciones a su situación de revista. A la par, dará a conocer la desvinculación de los funcionarios, de personal, sean motivadas en renuncia, fallecimiento, jubilación y pedidos de baja en la designación de la planta transitoria.
También se contempla la publicación de instrumentos, actos, resoluciones o disposiciones que estén vinculados traslados entre organismos propios de la cámara, las afectaciones a prestar servicios en despachos de los Diputados y las adscripciones para desempeñar labores en la Provincia o en los Municipios.
Además, el instrumento firmado por la titular del cuerpo incluye la publicidad de los decretos, resoluciones, disposiciones o cualquier otro acto que “autoricen o adjudiquen compras o contrataciones ya sea por compras directas, concurso de precios y licitaciones” (privadas o públicas).
Incluso se publicarán los instrumentos que resuelvan el otorgamiento de comisiones de servicios a Diputados, funcionarios y empleados que impliquen la asignación de viáticos y pasajes o gastos de movilidad.
Aparte, se aclara que los actos que tengan relación con el impacto financiero - es decir aquellos vinculados a la inversión de renta pública, contrataciones y compras- y sea de interés general serán publicados de forma íntegra
