“Era obvio que iban a reaccionar porque la conjunción pro-radicalismo viene desde finales de 2015 representando a los grandes capitales (nacionales y extranjeros) en total detrimento y perjuicio de las arcas nacionales y por ende de la amplia mayoría de las y los argentinos”, dijo.
“Lo que señaló Fernández, es que intervenir a la empresa Vicentín -que se encuentra en concurso de acreedores-, fue una decisión que tomó porque sospechaban que la situación iba a terminar resolviéndose con una compra a bajo precio de parte de alguna transnacional, y por esto enviará al Congreso un proyecto de ley para declararla de utilidad pública y expropiarla posteriormente”, explicó.
“Sin embargo, los pro-radicales se quejan. Quizás sea necesario recordarles que fue Javier Gonzalez Fraga, quien estaba al frente del directorio del Banco Nación Argentina en la gestión de Macri, el que autorizó el crédito por $18.500 millones a una empresa que estaba en situación de mora. ¿Por qué un banco le prestaría un monto tan exorbitante a una entidad morosa, que no pagaba sus deudas? Habrá tenido que ver que Vicentin fue el principal aportante privado a la campaña presidencial de Macri?”, señaló la legisladora.
“Más allá de los argumentos de bar de la oposición, la medida efectivamente es significante, es una decisión estratégica para la economía nacional, permitirá al Estado tener una incidencia en la cadena productiva del sector alimenticio, un área eminentemente estratégica para el mercado interno, externo y de divisas”.
“Por otro lado, en lo inmediato, incluso tomando el actual contexto de pandemia por COVID19, significa que 7.000 argentinos y argentinas, 7.000 familias, no perderán sus trabajos, garantizando también la continuidad económica-financiera de alrededor de 2.500 productoras y PyMES relacionadas con la compañía, concluyó.
