En el escrito, acusan al jefe comunal de ejercer una “violencia sistemática” alimentada por el “ejercicio de espacios de poder que pone en mano de este abusador, todos los recursos del Estado para mantener y ocultar los delitos cometidos de naturaleza sexual”.
“Expresamos nuestro repudio a su accionar y a sus defensores inescrupulosos de su falsa inocencia que advierten y amenazan a quienes se animan a denunciar públicamente”, expresa en una parte el comunicado.
Por último, exigen, además de una sanción penal ejemplificadora, que las autoridades de los tres poderes garanticen la atención integral de las víctimas de abusos sexuales, aseguren la aplicación de los protocolos existentes, se inicien las campañas prevista en la normativa para prevenir la violencia de género, se capacite sobre la Ley Micaela, entre otros puntos.
