“La incorporación a cargos partidarios, debería contemplar la responsabilidad en temas de fuerte interés público involucrado y la responsabilidad que pesa sobre los partidos de proteger las instituciones democráticas contra el riesgo de que sujetos vinculados con delitos contra la integridad sexual; contra el Estado Civil y contra la Libertad de las personas”, señaló la legisladora.
“El riesgo de que estos sujetos pasen a controlar asuntos públicos en su carácter de autoridades partidarias, justifica una limitación temporaria, que en esta oportunidad demandan las mujeres radicales. Asimismo, el partido político o alianza electoral es responsable directo de llevar en sus listas a autoridades internas personas con antecedentes de denuncias sobre este tipo de delitos, que harían incompatible o inhabilitarían en caso de resolverse el procesamiento”, aclaró.
“Debemos tener en cuenta las necesidades y reclamos sociales vigentes. La demostración más cercana en nuestra provincia, es lo sucedido con el caso del intendente Enrique Aybar de Puerta de Corral Quemado, que aún estando procesado, fue candidato en dos oportunidades. Este principio debería ser introducido como indispensable, dada la necesidad de nuestra sociedad en representación de la mujer”, concluyó.
