En legítimo ejercicio del derecho a peticionar a las autoridades partidarias competentes, formularon una impugnación en el proceso electoral por hechos objetivos que afectaban la idoneidad ética de un candidato.
El hostigamiento personal, la suspensión preventiva improcedente para ejercer sus cargos partidarios y la sanción resuelta de suspensión por cinco meses, en una cooptación de los órganos partidarios para defensa personal del candidato, configuran un claro supuesto de violencia política, institucional y partidaria, concretadas en una serie de acciones adoptadas en represalia al ejercicio del derecho de participación, de expresión y de defensa, dirigidas a obstaculizar, impedir y silenciar a las correligionarias quienes, por su parte, han actuado acordes a los lineamientos de la denominada "ficha limpia" que ha sido promovida por la UCR a nivel nacional.
Interpelamos a todos los órganos partidarios a nivel nacional para que cada uno, en la esfera de su competencia, advierta la gravedad institucional que significaría avalar o minimizar estas medidas y acompañaremos a las correligionarias en todas las medidas que resuelvan adoptar en defensa de los principios, valores y derechos de todas y todos las y los afiliadas/os respecto de sus representantes y, en particular, la defensa de los derechos políticos de las mujeres en una clara intención de acallar sus voces e impedir su participación.
