Calificaron que la decisión es "un incremento salarial de privilegio para la clase política".
"Dejamos de manifiesto que la medida gubernamental ha sido ejercida de manera unilateral e inconsulta por parte del primer mandatario provincial en virtud de lo dispuesto por el inciso 10 del art. 149 de la Constitución Provincial, que determina que es competencia del gobernador ‘fijar la política salarial", cuestionaron.
Asimismo, argumentaron que no tienen conocimiento del "detalle y letra chica" del decreto, y fustigaron que "el gobierno ha ejecutado una medida sin que exista publicación alguna de la resolución en el boletín oficial".
De esta manera, los legisladores provinciales arremetieron contra el Ejecutivo, dando a entender que la medida se efectuó a propósito de manera discreta.
Por último, reclamaron al Gobierno "redoblar los esfuerzos en pos de otorgar las recomposiciones que reclaman los empleados estatales en los porcentajes adecuados conforme el incremento de la inflación del año en curso, que de acuerdo a distintas proyecciones se ubicará por encima del 50%, siendo indispensable y única herramienta normativa de garantía para los trabajadores la incorporación de ‘cláusula gatillo’ de revisión luego de mitad de año".
