Al momento de la sanción definitiva, el recinto contó con la presencia de Ivana Monferrán, quien es delegada nacional del Comité ejecutivo de lucha contra la trata y Ana María Contreras, presidenta de la ONG “No a la trata”.
La iniciativa para promocionar y garantizar el acceso al empleo a las víctimas rescatadas, se enmarca en compromisos asumidos por Argentina en tratados internacionales que imponen a los Estados parte impulsar una política de Estado para la prevención del delito, la persecución y sanción a sus autores y la protección y acompañamiento a las víctimas.
En su articulado esta ley, que tiene por objeto promocionar y garantizar el acceso al empleo de personas que han sido víctimas de trata y explotación de personas en sus distintas modalidades, reconocidas por autoridad judicial o administrativa, prevé incentivo económico para las personas físicas o jurídicas que contraten como empleado/a a alguna de las personas alcanzadas por el beneficio de esta Ley, accediendo así al reintegro de las cargas sociales de cada empleado/a durante un período de un (1) año.
Al momento de los fundamentos, el senador Martínez, expresó: “La inclusión no puede, y no debe, ser solo una voluntad declarativa sino debe ser plasmada en acciones concretas y positivas que la conviertan en realidad”.
