De acuerdo con la resolución judicial, la medida se dicta en función al no cumplimiento de la Ley de Acceso a la información pública tanto de la empresa como el Gobierno provincial respecto a la viabilidad de la obra, sin respuesta, dejando entrever diversas irregularidades y falta de transparencia.
Conforme a lo señalado por el Legislador, existe una gravedad por los daños que se podrían causar al derecho de los usuarios, a los bienes del Estado y al erario público de la provincia, en la medida de que no se acredite que se ha seguido el procedimiento técnico y administrativo correspondiente, y el peculado que involucra al propio gobernador de la
Provincia Raúl Jalil, considerando que los terrenos donde se erigen las obras, pertenecen a él y a miembros de su familia.
Cabe destacar que en la única nota recibida por parte del titular de la UEPAS, Arq. Gustavo Lucero el mismo aduce no haber podido recabar documentación certera y precisa sobre dicha obra y traslada la responsabilidad de información a Aguas de Catamarca, empresa concesionaria.