La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado resolvió dictaminar el rechazo del diploma de la senadora electa por Río Negro, Lorena Villaverde (La Libertad Avanza), en medio de una fuerte controversia política marcada por antecedentes judiciales en Estados Unidos y vínculos con el empresario argentino extraditado Fred Machado, imputado por narcotráfico y lavado de dinero.
Aunque el dictamen no es vinculante, la decisión final quedará en manos del plenario del Senado el 28 de noviembre, donde se resolverá si Villaverde puede o no asumir la banca que obtuvo en las elecciones.
La comisión produjo dos dictámenes de mayoría:
Uno que aprueba los diplomas de 23 senadores electos, incluidos Jorge Capitanich y Martín Soria.
Y otro que rechaza el título de Villaverde.
El dictamen de rechazo reunió 12 de las 19 firmas de la comisión. A los ocho senadores de Unión por la Patria se sumaron:
- Guadalupe Tagliaferri (PRO)
- Pablo Blanco (UCR)
- Juan Carlos Romero (Cambio Federal)
- Alejandra Vigo (Unidad Federal)
En paralelo, el oficialismo intentó una maniobra que generó tensión: hizo circular un dictamen con 21 diplomas que dejaba afuera a Capitanich y Soria. Al detectarse, el peronismo y Romero lo desconocieron y exigieron su retiro.
Finalmente, quedó un único dictamen de mayoría aprobando todos los diplomas salvo el de Villaverde y un artículo específico que propone rechazar su título.
Mientras tanto, La Libertad Avanza anticipó que presentará un dictamen de minoría que busca aprobar el diploma de Villaverde y rechazar los de Capitanich y Soria.
Los argumentos del rechazo: narcotráfico, vínculos y antecedentes judiciales
El peronismo justificó el rechazo en los antecedentes de Villaverde en una causa de compra de cocaína en Estados Unidos y sus relaciones con Fred Machado, extraditado por una investigación de narcotráfico.
El presidente del bloque de UP, José Mayans, fue categórico: “Tiene comprobado el delito de tráfico y venta de drogas y no puede estar en el Senado. No podemos permitir que alguien con relación directa con el narcotráfico esté acá sentada”.
La posición clave que inclinó la balanza provino del salteño Juan Carlos Romero, habitualmente alineado con el oficialismo. Romero diferenció las impugnaciones de Capitanich y Soria de la situación de Villaverde y sostuvo: “Una cosa son las acusaciones políticas y otra haber pasado por la justicia penal de Estados Unidos”.
Y agregó: “Villaverde tiene muchos vínculos con esa gente rara que anda con las drogas. Si hubiéramos aprobado ficha limpia, esta gente no estaría acá”.
Romero incluso comparó la situación con el caso colombiano de Pablo Escobar, que llegó a ser electo diputado pero no fue habilitado a asumir.
El radical Pablo Blanco coincidió: “Mi conciencia me dicta que alguien vinculada al narcotráfico no puede formar parte de esta institución”.
Las defensas: negación de los antecedentes e impugnaciones cruzadas
Desde el oficialismo, las defensas más fuertes vinieron del senador del PRO, Luis Juez, y del libertario Juan Carlos Pagotto.
Juez negó las acusaciones: “Investigamos y es absolutamente mentira. Lo dicen las resoluciones judiciales”.
Pagotto, por su parte, sostuvo que la Comisión no tiene la facultad de evaluar “condiciones morales” y llamó a ceñirse al texto constitucional. Afirmó además que “todos los políticos viajan en aviones privados”, comentario que encendió la réplica de Tagliaferri:
“No da lo mismo tomar un avión narco que uno no narco”.
El jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, acusó a la oposición de montar “un show mediático” y sostuvo que la voluntad del elector debe ser respetada.
Sin embargo, desde UP, Anabel Fernández Sagasti respondió que la prioridad es institucional:
“Tenemos la oportunidad de no abrirle la puerta del Senado al crimen organizado”.
Qué se vota el 28 de noviembre
Aunque el dictamen de rechazo es contundente, la última palabra será del plenario del Senado, donde se requiere una mayoría simple para aprobar o rechazar el título de Villaverde.
La oposición mostró cohesión en la comisión, pero la composición del nuevo Senado podría alterar correlaciones de fuerza, y sectores dialoguistas aún evalúan su postura.
Mientras tanto, Villaverde sigue siendo diputada nacional, cargo al que accedió antes de ser electa senadora.
Lo que ocurra el 28 de noviembre marcará un precedente sobre los criterios éticos y judiciales que el Senado considera válidos para permitir —o impedir— la asunción de un legislador electo.