El diputado provincial Tiago Puente presentó una acusación formal ante la Fiscalía General contra directivos de la entidad, incluyendo al director Leopoldo Marchetti, al gerente general Dr. Campazzo y a la auditora externa Dra. Silvia Jalil.
Según Puente, la investigación apunta a un supuesto desfinanciamiento de la obra social que beneficiaría a la familia del gobernador Raúl Jalil, generando un direccionamiento irregular de fondos públicos. Entre las pruebas aportadas se menciona un caso emblemático: a un paciente que necesitaba una cirugía en Tucumán se le negó dos veces la derivación, obligándolo a realizarse la intervención en un sanatorio privado local, el Sanatorio Pasteur.
Lo que genera más controversia es la diferencia económica: mientras la operación en Tucumán costaba 13 millones de pesos, OSEP terminó abonando 30 millones por el mismo procedimiento en el centro asistencial privado, un monto que duplica ampliamente el valor original.
Esta denuncia abre un nuevo capítulo en el debate sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos de salud, y pone bajo la lupa la gestión de la obra social provincial. Las autoridades judiciales deberán determinar si hubo maniobras irregulares que hayan perjudicado a los afiliados y al sistema sanitario.