El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de la Capital, encabezado por su secretario general Luis Álamo, envió una nota formal a la Legislatura Provincial solicitando la urgente intervención de los bloques políticos para revertir las consecuencias del decreto 142/25, emitido por el Poder Ejecutivo. Según denuncian, la normativa afecta gravemente los derechos de los trabajadores afiliados a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), generando perjuicios económicos y sociales de gran magnitud.
Desde el gremio advierten que la medida dictada por el Gobierno provincial —que modifica la base de cálculo de aportes y otros aspectos vinculados a la afiliación— perjudica a más de 10.000 trabajadores, especialmente aquellos cuyos haberes se encuentran por debajo de los $550.000 y $600.000 mensuales. En ese marco, consideran que el decreto debió haberse declarado nulo por no reunir los requisitos de necesidad y urgencia, y por haber sido dictado en un contexto de sesiones ordinarias que exigía tratamiento legislativo.
“El decreto es de carácter legislativo, modifica la Ley de Creación de la OSEP y por tanto no puede ser emitido de manera unilateral por el Ejecutivo”, señalan desde el SOEM, al tiempo que remarcan la afectación directa a jubilados, pensionados y trabajadores activos, entre ellos docentes, municipales y empleados de diversas áreas del Estado.
El sindicato también expresó su malestar por el rechazo judicial a una acción de amparo con medida cautelar presentada contra el decreto, que fue declarada inadmisible por la Corte de Justicia local. Consideran que esa decisión desprotege a los afiliados, quienes hoy deben afrontar coseguros "con una base de $250.000 sin límites", más honorarios profesionales y un "plus médico criminal".
En el mismo documento, se exige la derogación inmediata del decreto 142/25 por ser de rango inferior a la ley 3.509, el cumplimiento efectivo de la Ley Antiplus y el cese del cobro de coseguros, señalando que la situación actual vulnera derechos constitucionales como el acceso a la salud, la propiedad y un salario digno.
Además, denuncian el incumplimiento sistemático de la Ley Antiplus, sancionada en 2019, que continúa sin ser aplicada pese a las múltiples acciones gremiales, movilizaciones y recursos legales impulsados por el SOEM. “Seguimos con la misma pelea cinco años después, sin respuestas ni mejoras reales en la cobertura médica para los afiliados”, remarcan.
En el cierre de la presentación, el gremio solicitó a la Legislatura que habilite una mesa de tratamiento para que los trabajadores puedan expresar sus reclamos y se encuentren soluciones concretas que no impliquen mayores cargas económicas para los afiliados. “Hoy los afiliados somos la variable de ajuste de carácter improcedente, arbitrario y compulsivo. El perjuicio está constituido, sin tener garantizada una obra social de cobertura integral”, concluye el documento.
El SOEM remarcó que ya han recolectado más de 2.000 firmas en apoyo a este reclamo, y que continuarán visibilizando la problemática hasta obtener respuestas concretas por parte de las autoridades.