Entre los cambios impuestos figuran "audiencias públicas obligatorias, para que la voz de la gente se escuche en decisiones sobre servicios, salud, educación, ambiente y minería; reducción de la estructura a la mitad, evitando un ministerio paralelo lleno de cargos políticos; informes periódicos y medibles, que garantizan control real y resultados concretos; y transparencia y límites claros, con concursos abiertos, reglas claras para los fondos y topes salariales".
"Gracias al trabajo realizado, la Defensoría del Pueblo nace con transparencia, austeridad y participación social, en lugar de privilegios y discrecionalidad. Una vez más, hemos demostrado que se puede construir consenso sin resignar la defensa de los catamarqueños", destaca un comunicado de los legisladores opositores.