Diputados provinciales de Fuerza Patria presentaron hoy un recurso de amparo ante la Justicia Federal de Catamarca contra el Estado Nacional, el Poder Ejecutivo y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La medida busca el restablecimiento inmediato de las pensiones no contributivas por discapacidad, suspendidas de forma “ilegal, arbitraria e ilegítima” a cientos de beneficiarios en la provincia.
La presentación fue firmada por los diputados Pablo Castro, Adriana Díaz, Stella Nieva, Cecilia Barros y Josefina Herr, con adhesión de Natalia Ponferrada, Mónica Zalazar, Juan Carlos Ledesma, Gladys del Moro, Claudia Palladino, Armando López Rodríguez, María Argerich, Hernán Díaz y Nicolás Zavaleta.
El recurso solicita:
- La restitución de las pensiones suspendidas.
- El reintegro de los montos no percibidos desde que se inició la medida.
- La reactivación inmediata de los beneficios del programa Incluir Salud, del que fueron privados los afectados.
Los legisladores sostienen que la suspensión se realizó sin comunicación previa, dejando a los beneficiarios en una situación de total desprotección y abandono. Además, denuncian que la ANDIS realizó el corte de manera intempestiva, lo que puso en riesgo la vida y la dignidad de las personas con discapacidad, cuya pensión constituye muchas veces su único sustento.
El amparo cuestiona la inconstitucionalidad del artículo 1, inciso (i) del Anexo I del Decreto 432/97 (modificado por el Decreto 843/24), que establece que los beneficiarios no deben poseer bienes, ingresos ni recursos suficientes para percibir la pensión. Según los diputados, este criterio:
Contradice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que tiene jerarquía constitucional en Argentina.
No considera los gastos adicionales que enfrentan las personas con discapacidad, como atención médica, equipamiento especializado y adaptaciones necesarias para su vida cotidiana.
Asimismo, la acción legal detalla que la medida vulnera derechos humanos fundamentales:
- Derecho a la protección social y a un nivel de vida adecuado, ya que la suspensión profundiza la vulnerabilidad y expone a la indigencia.
- Derecho a la salud, al perder acceso a prestaciones del programa Incluir Salud.
- Derecho a vivir de forma independiente, obligando a depender de terceros y limitando la autonomía personal.
Los legisladores también denuncian que el Estado Nacional viola el principio de no regresividad, reconocido en tratados internacionales, que impide reducir los niveles de protección de los derechos económicos, sociales y culturales.
La presentación fue realizada con el patrocinio del abogado magister Carlos Hernán Vera y radicada hoy en la Justicia Federal de Catamarca, dando inicio al proceso judicial que podría restituir los derechos de cientos de personas con discapacidad en la provincia.