Un nuevo debate se desató en redes sociales luego de un polémico posteo del concejal de la capital Diego Figueroa, referente de La Libertad Avanza (LLA), quien se expresó en duros términos sobre el delito juvenil, la responsabilidad del Estado y la necesidad de revisar el régimen penal aplicable a niños y adolescentes.
En contraposición a la postura del juez Rodrigo Morabito, Figueroa sostuvo que un niño o adolescente que comete un delito tiene el “derecho humano” a que el Estado, a través del Servicio Penitenciario, le enseñe normas de conducta que permitan su reinserción social. En su publicación, cuestionó lo que definió como la “romantización de la vulnerabilidad juvenil” por parte de sectores del progresismo y afirmó que esa mirada termina otorgando más derechos al victimario que a la víctima.
El edil fue más allá al señalar que la ausencia del Estado y las políticas asistenciales sostenidas con fondos públicos habrían contribuido a la conformación de una generación marginal, donde —según expresó— se naturalizó la falta de esfuerzo, el abandono escolar y la delincuencia como una consecuencia lógica. En ese marco, advirtió que el Estado no puede resignar su rol de conducción y organización de la vida en sociedad, alertando que la pérdida de legitimidad institucional puede derivar en escenarios de anarquía.
“En esta Argentina des-kirchnerizada, el que las hace las paga”, expresó Figueroa en su mensaje, alineándose de manera explícita con el proyecto que su espacio político impulsa en el Congreso de la Nación para disminuir la edad de imputabilidad penal.
La discusión, de larga data en la agenda pública, volvió a instalarse con fuerza a partir de este posicionamiento, sumando opiniones encontradas tanto a favor como en contra. El debate se da en un contexto de creciente preocupación social por el avance del delito cometido por menores de edad y por las respuestas del sistema judicial y penal.
El concejal argumentó que la Constitución Nacional, en su artículo 18, establece que “las cárceles no son para castigo del reo, sino para su reincorporación a la sociedad”. En ese sentido, sostuvo que privar a un niño o adolescente que cometió un crimen de la posibilidad de aprender normas de convivencia dentro de un sistema penitenciario, tras una condena firme, implica negarle su derecho humano a la resocialización.
Figueroa aclaró que si el sistema carcelario no cumple adecuadamente su función, esa es una discusión distinta, pero consideró que minimizar o justificar el delito juvenil constituye una burla para una sociedad que se declara cansada de la impunidad y las injusticias.
La polémica continúa abierta y vuelve a poner en el centro del debate la responsabilidad del Estado, el alcance de los derechos humanos y la necesidad de una discusión profunda y seria en el ámbito legislativo sobre el abordaje del delito en menores de edad.