La medida fue adoptada de manera preventiva, en un contexto de inestabilidad política generado tras la reciente captura del exmandatario venezolano y su posterior traslado a los Estados Unidos.
Según informó el Gobierno suizo, la decisión tiene como objetivo principal evitar la fuga o el traslado de fondos mientras se evalúa el origen de los activos. La disposición no alcanza a los miembros del actual gobierno venezolano, quienes quedaron expresamente excluidos del alcance de la nueva normativa.
De acuerdo con el comunicado oficial, la congelación se fundamenta en la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos en Posesión de Personas Expuestas Políticamente en el Extranjero (FIAA). Las autoridades suizas remarcaron que se trata de una medida cautelar, destinada a preservar los bienes ante un eventual cambio de poder en Venezuela y la posibilidad de futuras acciones judiciales.
En ese sentido, Suiza indicó que, si las investigaciones determinan que los fondos fueron adquiridos de manera ilícita, el país garantizará que dichos activos puedan ser restituidos en beneficio del pueblo venezolano, conforme a los mecanismos previstos por la legislación internacional.
La decisión se suma a las sanciones vigentes contra Venezuela desde 2018, implementadas bajo la Ley de Embargo, que ya contemplaban restricciones financieras sobre determinadas personas y entidades. No obstante, el Consejo Federal aclaró que las disposiciones adoptadas bajo la FIAA amplían el alcance de las medidas, al incluir a personas que no se encontraban previamente en las listas de sanción.
Asimismo, las autoridades suizas subrayaron que la aplicación de la FIAA no depende de las circunstancias legales internacionales en las que se haya producido la caída del poder de Maduro, sino del hecho objetivo del cambio político, lo que habilita a Venezuela a iniciar eventuales procedimientos legales sobre activos presuntamente obtenidos de forma irregular durante su mandato.
La congelación de activos tendrá una vigencia inicial de cuatro años, aunque podrá ser revisada en función de la evolución del escenario político y judicial. Según el Consejo Federal, esta medida también facilitará eventuales procesos de cooperación judicial internacional entre Suiza y las autoridades venezolanas.
Finalmente, el Gobierno suizo reiteró su compromiso con el derecho internacional, la prohibición del uso de la fuerza y el respeto a la integridad territorial de Venezuela, y recordó que ha ofrecido en reiteradas ocasiones sus buenos oficios diplomáticos para contribuir a una salida pacífica a la crisis que atraviesa el país sudamericano.