La iniciativa, firmada junto a su compañero de bancada Lisandro Almirón, no solo busca asistencia urgente para las zonas afectadas, sino que también expone una tensión incómoda dentro del oficialismo libertario.
Gallardo llegó al Congreso de la mano del espacio que encabeza el presidente Javier Milei, cuya principal bandera política ha sido el ajuste fiscal, la reducción del gasto público y el lema reiterado del “no hay plata”. Sin embargo, su proyecto plantea una medida que, de avanzar, obligaría al Estado nacional a habilitar partidas extraordinarias para atender la emergencia, una herramienta históricamente resistida por el oficialismo.
En los fundamentos del texto, la diputada sostiene que la declaración de emergencia resulta “necesaria y oportuna” para agilizar mecanismos administrativos y presupuestarios, fortalecer la asistencia a las poblaciones damnificadas y acompañar a las autoridades provinciales y municipales en las tareas de contención, recuperación y reconstrucción. El planteo marca un giro discursivo dentro de un bloque que, en el Congreso, ha mostrado reticencias a acompañar este tipo de iniciativas.
La situación en Corrientes es crítica. En localidades como San Luis del Palmar, ubicada a unos 30 kilómetros de la capital provincial, se registraron acumulados de lluvia cercanos a los 500 milímetros en apenas una semana, cifras muy superiores a los promedios históricos. Al menos 500 personas debieron ser evacuadas y permanecen habilitados 13 centros de asistencia ante la amenaza de nuevas precipitaciones.
En las zonas rurales, el panorama es aún más complejo. Las dificultades de acceso, la falta de caminos transitables y las limitaciones para llegar con atención sanitaria e insumos básicos obligaron a desplegar parte de la asistencia por vía fluvial. A los operativos de los gobiernos municipales y provinciales se sumó la ayuda nacional a través de la Agencia Federal de Emergencia, con la entrega de artículos de primera necesidad y kits de higiene a cargo de Gendarmería Nacional.
No obstante, el propio proyecto advierte que estas acciones “evidencian la necesidad de contar con herramientas extraordinarias” para sostener y ampliar la respuesta estatal frente a un escenario que amenaza con agravarse.
El límite del “no hay plata”
El pedido de Gallardo replica una iniciativa presentada previamente por el diputado radical Diógenes González, alineado con el gobernador correntino, pero adquiere otra dimensión política al provenir de una legisladora oficialista. Durante el primer año de gestión, el bloque libertario se abstuvo de acompañar la declaración de emergencia hídrica en Córdoba y el presidente Milei vetó una ley similar para Bahía Blanca, consolidando una postura de rechazo incluso frente a catástrofes climáticas.
La contradicción se vuelve más evidente en el contexto nacional actual. Mientras la Patagonia enfrenta incendios forestales, amplias zonas de la provincia de Buenos Aires continúan bajo el agua y se registran temporales severos en Salta y Catamarca, el Gobierno nacional ha optado por un perfil bajo y una intervención limitada, priorizando el equilibrio fiscal.
En ese escenario, el proyecto presentado por Gallardo abre interrogantes sobre hasta dónde puede sostenerse el discurso del achicamiento del Estado cuando las emergencias climáticas exigen respuestas inmediatas y recursos públicos.
Así, el debut legislativo de la diputada libertaria no solo pone el foco en una situación urgente en Corrientes, sino que también deja al descubierto las tensiones internas de un oficialismo que pregona la austeridad, pero enfrenta el desafío político y social de responder ante desastres que no admiten demoras.