El anuncio estuvo a cargo de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien aseguró que el proyecto cuenta con un amplio respaldo político y representa “la primera ley laboral de este tipo en democracia”.
“El texto tiene 28 modificaciones consensuadas. Logramos un gran acuerdo con distintos partidos políticos para tratar esta reforma”, expresó la senadora durante una conferencia de prensa. Según precisó, el dictamen final fue trabajado junto a 44 senadores de espacios como el PRO, la Unión Cívica Radical y bloques provinciales.
Debate en el Senado y movilización gremial
El debate en el recinto está previsto para cerca del mediodía del miércoles en la Cámara Alta. En paralelo, se espera una importante movilización sindical en las inmediaciones del Congreso, encabezada por la CGT, además de la participación de partidos políticos y movimientos sociales que rechazan la iniciativa.
Bullrich remarcó que la reforma “fue construida con horas y horas de trabajo” y que logró arribar a un dictamen “que llegó a buen puerto después de meses de discusión”.
El fin de la “industria del juicio”
Uno de los ejes centrales de la iniciativa, según destacó la legisladora, es el fin de la denominada industria del juicio laboral. En ese sentido, sostuvo que el sistema actual “ha perjudicado a empresas que terminaron cerrando y dejando a miles de trabajadores sin empleo”.
“Este capítulo marca claramente qué puede judicializarse y qué no. Se llegó a deformaciones tan grandes que un juicio de tres millones de pesos termina en 300 millones. Establecimos sistemas de protección para evitar esos abusos”, explicó.
Fondo de Asistencia y beneficios sociales
Otro punto relevante del proyecto es la creación de un Fondo de Asistencia, que apunta a garantizar el cumplimiento de obligaciones y pagos al finalizar una relación laboral. Según Bullrich, este mecanismo se ajustará por IPC más un 3%.
Además, la senadora subrayó que la reforma delimita con precisión qué se considera beneficio social, para evitar que esos conceptos sean utilizados como base de nuevos litigios judiciales. “Es clave para desactivar una lógica que se convirtió en una industria”, afirmó.
Reunión política en Casa Rosada
En la previa al debate, este martes por la mañana se reunió la mesa política del Gobierno en Casa Rosada. Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; la propia Bullrich; el armador Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
También estuvo presente, de manera circunstancial, el ministro de Economía, Luis Caputo, quien se retiró tras aproximadamente una hora. Su participación estuvo vinculada a las implicancias fiscales del proyecto, especialmente por el artículo que propone cambios en el Impuesto a las Ganancias para las Sociedades, una medida que impacta en la recaudación y en la coparticipación a las provincias.
El punto sensible: Ganancias
Según trascendió, el encuentro duró una hora y 45 minutos y no dejó definiciones claras sobre qué ocurrirá con el capítulo referido a Ganancias. Desde el Gobierno reconocen que, tal como está redactado, el artículo no cuenta con el aval de los gobernadores, que rechazan una eventual caída de fondos.
En este escenario, el oficialismo evalúa dos alternativas: una reducción gradual del impuesto o la eliminación directa del artículo para garantizar la aprobación general del proyecto.
Expectativa por la votación
Desde el Ejecutivo aseguran que están los votos para la media sanción en general, aunque continúan las negociaciones para redefinir algunos artículos que no lograron consenso pleno. De los 182 artículos que componen el proyecto, cerca de 20 siguen bajo discusión.
Bullrich mantuvo en las últimas horas reuniones con jefes de bloque opositores y senadores clave. Según fuentes parlamentarias, existiría un acuerdo mayoritario en los aspectos técnicos de la reforma, lo que permitiría al oficialismo reunir más de 40 votos.
Con un escenario político tenso y una fuerte movilización social anunciada, el Senado se prepara para debatir una de las iniciativas más ambiciosas y controvertidas del Gobierno en materia laboral.