La iniciativa, que ingresó a primera hora de la mañana, fue tratada con rapidez en comisiones y obtuvo las firmas necesarias antes del mediodía, en medio de fuertes críticas de la oposición.
El texto debatido corresponde a la versión modificada en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo aceptó eliminar el artículo 44, referido a licencias por enfermedad. Con este cambio, el Gobierno quedó a un paso de la sanción definitiva de una norma que impulsa profundas transformaciones en el régimen laboral vigente.
El plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda se realizó en el Salón Azul del Senado. Allí se evaluaron dos alternativas: convalidar el texto proveniente de Diputados o insistir con la redacción original. Finalmente, prevaleció la opción de aprobar el proyecto modificado.
Durante el debate, la ministra de Seguridad y figura central del oficialismo, Patricia Bullrich, defendió con firmeza la iniciativa y se mostró confiada en que será sancionada sin nuevos cambios. Sostuvo que la reforma permitirá modernizar las relaciones laborales y contribuirá a la generación de empleo en el país.
Desde los bloques opositores se denunciaron supuestas irregularidades en el procedimiento legislativo y se advirtió sobre el impacto de la reforma en los derechos de los trabajadores y en las finanzas provinciales y municipales.
El senador peronista Jorge Capitanich afirmó que su bancada considera que el proceso constituye “una violación flagrante” del reglamento parlamentario y del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Según sostuvo, la iniciativa no tendría efectos positivos en la creación de empleo y podría afectar garantías laborales básicas.
En la misma línea, Mariano Recalde cuestionó el tratamiento integral del proyecto, al señalar que modifica numerosas leyes sin un análisis particular de cada una. Otros legisladores también criticaron lo que definieron como un debate “a libro cerrado” y alertaron sobre los beneficios impositivos incluidos en la propuesta.
El plenario comenzó con modificaciones en la integración de las comisiones, lo que permitió al oficialismo reunir las firmas necesarias para emitir dictamen. Desde el Gobierno se defendió la rapidez del proceso como una medida de “eficiencia” destinada a reemplazar estructuras laborales consideradas obsoletas y fomentar la actividad económica.
Sin embargo, desde sectores opositores se interpretó el apuro como una estrategia que podría derivar en la judicialización de la norma. También se advirtió que la eliminación del artículo 44 no despeja las objeciones de fondo.
Durante el debate se registraron momentos de fuerte tensión política. Hubo advertencias sobre posibles acciones judiciales por supuestos vicios de inconstitucionalidad y declaraciones cruzadas entre legisladores. Algunos senadores incluso evocaron la crisis de 2001 al cuestionar las consecuencias sociales que podría tener la reforma.
Al cierre del plenario, el oficialismo ratificó su intención de llevar el proyecto al recinto la próxima semana para su tratamiento definitivo. La votación se perfila como un momento clave para el Gobierno, que busca consolidar su agenda económica y laboral.
De aprobarse sin nuevas modificaciones, la reforma laboral quedará sancionada y entrará en vigencia tras su promulgación. Mientras tanto, el debate político y social en torno a sus efectos continúa intensificándose, con posiciones marcadamente enfrentadas entre el oficialismo y la oposición.
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