El decreto aún no fue publicado en el Boletín Oficial, pero fuentes oficiales aseguran que está en su etapa final. La agencia marcará un cambio conceptual: la migración deja de tratarse principalmente como política de integración y pasa a abordarse bajo criterios de control y orden interno. Entre sus funciones estarán la supervisión de ingresos y egresos, el refuerzo de controles en pasos fronterizos, coordinación de operativos contra redes delictivas y agilización de deportaciones.
El organismo será encabezado por Diego Valenzuela, exintendente de Tres de Febrero y referente de La Libertad Avanza, lo que refuerza la influencia del oficialismo en la provincia de Buenos Aires.
Este movimiento forma parte de una reestructuración más amplia: el Gobierno ya transfirió la Dirección Nacional de Migraciones y el Registro Nacional de las Personas al Ministerio de Seguridad, concentrando bajo esta cartera las competencias en documentación, fronteras y permanencia de extranjeros.
A su vez, se implementaron medidas complementarias: mayores restricciones para acceder a la residencia, el fin de la gratuidad automática de atención médica para extranjeros y la posibilidad de cobrar aranceles a estudiantes no residentes.
En un operativo reciente en La Matanza, se controlaron 385 extranjeros, de los cuales 16 se encontraban en situación irregular y deberán regularizar su estatus o enfrentar procesos de expulsión.
Desde el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, el mensaje es claro: “Controles firmes y reglas claras: sin documentos, no hay permanencia”. Con la publicación del decreto y la asunción de Valenzuela, Argentina consolidará un giro estructural en su política migratoria, alineado con criterios de soberanía y seguridad fronteriza.