La única abstención correspondió a la senadora neuquina Julieta Corroza. El proyecto recibió respaldo tanto del oficialismo como de sectores dialoguistas y de algunos legisladores del interbloque kirchnerista, entre ellos Lucía Corpacci y Sergio Uñac.
También acompañaron los senadores recientemente escindidos del kirchnerismo —Guillermo Andrada, Carolina Moisés y Sandra Mendoza—, mientras que otras bancadas se dividieron al momento de votar.
Uno de los puntos más discutidos fue el artículo que habilita a cada provincia a designar su propia autoridad de aplicación —excepto en áreas protegidas por Parques Nacionales— para identificar los glaciares y ambientes periglaciares con funciones hídricas dentro de su territorio.
Quienes apoyan la reforma sostienen que respeta el dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias y permitirá impulsar inversiones productivas de gran escala. Sus detractores, en cambio, advierten que podría debilitar los estándares de protección ambiental y generar presiones empresariales sobre los gobiernos locales.
Las críticas también apuntaron al posible desplazamiento del rol técnico del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo encargado del inventario nacional de glaciares.
La sesión estuvo atravesada por cuestionamientos al trámite acelerado del proyecto y a las modificaciones introducidas a último momento. Desde la oposición, el senador peronista Pablo Bensusán advirtió que la reforma fragmentaría los criterios de protección ambiental, mientras que otros legisladores alertaron sobre eventuales conflictos con acuerdos internacionales.
El senador libertario Bruno Olivera Lucero defendió la iniciativa al sostener que busca “armonizar la normativa con la Constitución” y otorgar a las provincias el control sobre sus recursos. Según afirmó, la ley vigente genera ambigüedades jurídicas que frenan el desarrollo productivo.
En la misma línea, distintos senadores oficialistas rechazaron la idea de que exista una contradicción entre protección ambiental y crecimiento económico, mientras que opositores alertaron sobre los riesgos de habilitar actividades extractivas en zonas sensibles.
El radical Maximiliano Abad votó en contra y sostuvo que la reforma “debilita la uniformidad de los presupuestos ambientales” y podría derivar en presentaciones judiciales por inconstitucionalidad.
También se expresó en términos críticos la senadora Alejandra Vigo, mientras que otros legisladores provinciales respaldaron el proyecto argumentando la necesidad de atraer inversiones y reducir la incertidumbre regulatoria.
Por su parte, la exsecretaria de Energía Flavia Royón aseguró que la norma no implica flexibilizar la protección ambiental, sino precisar qué áreas deben resguardarse con base en estudios de campo realizados por las provincias.
Desde Catamarca, el senador Guillermo Andrada defendió la iniciativa al señalar que busca una ley “más precisa y federal”, capaz de proteger los glaciares sin frenar el desarrollo minero.
El cierre del debate estuvo a cargo de la senadora Patricia Bullrich, quien cuestionó lo que consideró una falsa dicotomía entre ambiente y economía. “No es agua o trabajo”, afirmó, al defender la necesidad de impulsar el crecimiento productivo del país.
En contraste, la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti advirtió que habilitar actividades en áreas glaciares podría provocar daños irreversibles, ya que estos ecosistemas tardan siglos en recuperarse.
Con la media sanción aprobada, el Gobierno nacional consiguió un nuevo avance legislativo en su agenda de promoción de inversiones. Sin embargo, el tratamiento en Diputados promete reavivar un debate profundo entre desarrollo económico y preservación ambiental, con impacto directo en las provincias cordilleranas.