Baja de la edad de imputabilidad
El Régimen Penal Juvenil propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y fija una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidio, robos violentos, abusos sexuales o secuestros.
Para infracciones con condenas menores a 10 años, el proyecto contempla sanciones alternativas como amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, trabajos comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño, restricciones de circulación y suspensión para conducir vehículos.
Además, establece la creación de institutos especializados para menores condenados, donde deberán garantizarse educación, atención médica y tratamientos por adicciones. La norma también prohíbe la convivencia con detenidos adultos y exige que el personal esté capacitado en infancia y adolescencia.
Otro aspecto clave es la incorporación de mecanismos de mediación penal juvenil y suspensión del proceso a prueba en delitos leves, siempre con consentimiento de la víctima.
El proyecto refuerza, además, los derechos de las víctimas, quienes podrán ser informadas, escuchadas, contar con asistencia jurídica y psicológica y participar en instancias relevantes del proceso.
Durante el debate en comisión, el titular de Justicia, Gonzalo Guzmán Coraita, señaló que la legislación vigente data de 1980 y que esta reforma busca adecuarla a estándares constitucionales actuales.
Reforma laboral: última instancia
La reforma laboral será el último tema a tratar y llega al recinto en segunda revisión tras su paso por la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Los senadores deberán decidir si aceptan los cambios introducidos por Diputados o insisten con el texto aprobado por la Cámara alta el 12 de febrero.
En aquella votación, el proyecto obtuvo 42 votos a favor y 30 en contra. Entre los principales cambios impulsados en el Senado se eliminaron beneficios en el Impuesto a las Ganancias para grandes empresas, se mantuvieron aportes obligatorios —aunque con topes más bajos—, se preservó el 6% destinado a obras sociales y se moderó el alcance del Fondo de Asistencia Laboral vinculado a indemnizaciones.
También se incorporó como anexo el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, una decisión que generó cuestionamientos por no haber sido tratada previamente en comisión y tensiones internas entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich.
El punto que modificó Diputados
El cambio principal introducido por Diputados fue la eliminación del artículo 44, que reducía las licencias médicas pagas y el porcentaje del salario durante enfermedades o accidentes no laborales.
Ese artículo establecía que el trabajador cobraría el 50% del sueldo si la lesión derivaba de una actividad voluntaria y el 75% si no lo era, con plazos de tres meses sin cargas familiares o seis meses con dependientes.
Si el Senado aprueba las modificaciones, ese esquema quedará descartado. Si las rechaza, volverá a regir la versión original con el artículo reincorporado, un escenario que pocos anticipan.