El exintendente de Bañado de Ovanta, Elpidio Guaraz, realizó duras declaraciones públicas a pocas horas de que se confirmara su condena por abuso sexual.
Según manifestó sobre el caso Rojas, habría existido una orden política atribuida a la entonces gobernadora Lucía Corpacci, al actual gobernador Raúl Jalil y a dirigentes de su entorno, con el objetivo de influir en el curso de la investigación judicial. En ese contexto, señaló al vicegobernador Rubén Dusso como quien habría intermediado en la comunicación con el fiscal Palacio.
“Por orden de Corpacci y Jalil, Dusso hizo bajar al fiscal Palacio para darle la orden de que lo de Rojas tenía que pasar por muerte natural”, afirmó Guaraz, asegurando además que fue testigo directo de ese hecho.
El exjefe comunal sostuvo que estuvo presente en la oficina de Dusso, en el Senado provincial, cuando se habría realizado el llamado telefónico al fiscal Palacio, quien —según su relato— se presentó en el lugar en menos de diez minutos, recibió la supuesta orden y luego se retiró. Guaraz remarcó que esa fue la única vez que visitó a Dusso en el Senado, subrayando que su presencia le permite dar fe de lo ocurrido.
En declaraciones posteriores, Guaraz amplió sus acusaciones y sostuvo que las presuntas maniobras judiciales en su contra tendrían un trasfondo político. “Todo esto es por la orden de Lucía Corpacci, Raúl Jalil y ‘Pocho’ Sáenz”, expresó, y agregó que el conflicto se originó porque nunca aceptó que, a través de su municipio, “roben”.
Asimismo, afirmó que nunca le perdonaron haber dicho públicamente “tantas verdades”, mencionando a dirigentes como Nacho Mercado, Ángel Mercado, Rubén Dusso y al propio Raúl Jalil. “Hoy estoy pagando eso”, sostuvo el exintendente, en referencia a las consecuencias personales y políticas que —según indicó— derivaron de sus denuncias.
Las declaraciones de Guaraz se conocieron en un contexto de fuerte repercusión pública y judicial tras la confirmación de su condena por abuso sexual. Hasta el momento, las personas mencionadas no realizaron declaraciones públicas en respuesta a estas acusaciones, que revisten gravedad institucional y podrían derivar en nuevas instancias judiciales si fueran formalmente denunciadas ante la Justicia.