La investigación se inició tras una denuncia presentada por la diputada Mónica Frade y quedó radicada en el juzgado de María Eugenia Capuchetti. El eje central apunta a posibles irregularidades en el otorgamiento de préstamos y a un presunto esquema de tráfico de influencias y conflicto de intereses.
Entre los principales señalados aparece el secretario de Finanzas, Federico Furiase, quien habría obtenido un crédito por 367 millones de pesos en un trámite que se resolvió en pocas semanas, muy por debajo de los tiempos habituales. Según la denuncia, el dinero habría sido destinado a la compra de una propiedad en el country Los Pilares, en Pilar.
El caso también involucra a otros integrantes del equipo económico, como Pedro Inchauspe, miembro del Directorio del Banco Central, y Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía Luis Caputo. Todos ellos, según la presentación judicial, desempeñaban funciones vinculadas a la regulación financiera al mismo tiempo que gestionaban créditos en la banca pública.
Para la denunciante, esta situación podría encuadrarse en el delito de negociación incompatible con la función pública, ya que los involucrados tendrían influencia directa en las políticas crediticias, incluidas las tasas de interés.
Desde el Gobierno, tanto el presidente Javier Milei como el propio Caputo rechazaron las acusaciones y sostuvieron que los créditos fueron otorgados dentro del marco legal vigente. En la misma línea, Furiase defendió su accionar y aseguró que cumplió con todos los requisitos exigidos.
Sin embargo, la investigación también puso el foco en otros casos llamativos, como el de la diputada Lorena Villaverde, quien habría accedido a un préstamo pese a estar embargada en una causa por presunta estafa inmobiliaria. Su solicitud había sido inicialmente rechazada en una sucursal, pero luego fue aprobada en la casa central del banco, lo que generó sospechas sobre posibles intervenciones discrecionales.
La lista incluye además a Sharif Menem, familiar del presidente de la Cámara de Diputados, quien con apenas 24 años obtuvo un crédito de gran magnitud, y a varios funcionarios del Ministerio de Economía, como Felipe Beron y Juan Manuel Garzón, que en conjunto habrían accedido a más de 600 millones de pesos.
En total, los créditos cuestionados ascienden a unos 6.500 millones de pesos, lo que amplificó el impacto político del caso en un contexto en el que el propio oficialismo promueve un discurso crítico hacia el rol del Estado y la banca pública.
Mientras la Justicia avanza con las medidas de prueba, el Gobierno mantiene una postura cauta y se limita a anunciar una auditoría interna para verificar la legalidad de los préstamos. El desenlace de la causa podría tener fuertes repercusiones tanto en el plano judicial como en el político.