La iniciativa, que comenzará a debatirse en las próximas semanas, incluye cambios en el financiamiento de los partidos, la eliminación de las PASO y nuevas exigencias para la competencia electoral.
El paquete de medidas apunta a rediseñar el esquema actual con el argumento de reducir costos, transparentar procesos y limitar la proliferación de los denominados “sellos de goma”, es decir, partidos con escasa representación real que logran sostenerse en el sistema.
Uno de los puntos centrales es la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que serían reemplazadas por un sistema de avales ciudadanos con validación biométrica. Este mecanismo exigiría que cada candidato reúna apoyos verificados digitalmente, con el objetivo de garantizar mayor legitimidad en las postulaciones.
Además, el proyecto eleva los requisitos para la conformación de partidos políticos. Para mantener la personería, las agrupaciones deberán alcanzar al menos el 3% del padrón en elecciones consecutivas, mientras que para constituirse a nivel nacional deberán tener presencia en diez distritos, duplicando lo que exige la normativa actual.
Otro de los cambios destacados es la implementación de la Boleta Única de Papel, que permitirá votar listas completas en un solo instrumento y simplificar el proceso electoral. En paralelo, se incorpora la denominada “Ficha Limpia”, que impedirá competir por cargos públicos a personas con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos dolosos.
En materia de financiamiento, la reforma propone aumentar los topes de aportes privados y eliminar los límites de gasto de campaña. También establece sanciones más duras para los partidos que no justifiquen el origen de sus fondos, incluyendo la pérdida de financiamiento estatal por hasta cuatro años. A su vez, se eliminaría la publicidad gratuita en medios audiovisuales.
El proyecto también introduce cambios en otros aspectos clave: se dejaría de exigir la realización obligatoria de debates presidenciales y se suspendería la elección directa de parlamentarios del Mercosur, quienes pasarían a ser designados por el Congreso hasta que exista un calendario electoral unificado en el bloque regional.
Más allá del contenido técnico, la reforma tiene un fuerte trasfondo político. Su aprobación dependerá de complejas negociaciones con gobernadores y legisladores, en un contexto donde el oficialismo aún no cuenta con los votos suficientes para avanzar sin acuerdos.
Figuras como Karina Milei, Martín Menem y otros referentes del espacio serán claves en la construcción de consensos. Algunos mandatarios provinciales, como Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo, ya iniciaron conversaciones con el Ejecutivo, aunque con posturas diversas respecto a puntos sensibles como la eliminación de las PASO.
Desde la Casa Rosada admiten que el camino legislativo será complejo, pero apuestan a instalar el debate público y generar presión política para avanzar con una reforma que consideran estructural.
En un escenario atravesado por tensiones económicas y reconfiguración política, la discusión sobre las reglas electorales se perfila como uno de los ejes centrales de la agenda nacional en los próximos meses. El resultado de este debate podría redefinir no solo cómo se vota en Argentina, sino también cómo se construye el poder político en los años por venir.