Catamarqueños en el Juicio por el “Operativo Independencia”

Acompañando a familiares y amigos de los también catamarqueños Guillermo Eduardo Díaz Nieto, José Edgardo Córdoba y Manuel Antonio Álvarez, desaparecidos durante los hechos que se investigaban, estuvieron la presidente del Partido Intransigente (PI), a nivel nacional, Adriana Díaz, miembro del colectivo  de DD.HH. de Catamarca; y el diputado provincial Oscar Pfeiffer, secretario de la Comisión de DD.HH. de la Cámara Baja.

También asistió Claudia Vallejos, titular de "La Obra” (Asociación de Familiares y Amigos de Detenidos/Desparecidos), y miembros de la "Casa de la Memoria”.

No obstante las inclemencias climáticas de la jornada en Tucumán, numerosos familiares y amigos de las víctimas del "Operativo Independencia” se dieron cita frente frente al Tribunal Oral Federal (TOF) de la vecina provincia, que entre otros estuvo integrado el camarista catamarqueño Dr. Juan Carlos Reynaga. El tribunal se completaba con los jueces tucumanos Dr. Gabriel Casas y Dr. Carlos Jiménez Montilla.

Al cabo de la lectura de las sentencias, se conoció la condena a la pena de prisión perpetua del ex militar catamarqueño, Enrique del Pino, quien, ocupando el cargo de teniente 1ro. del Destacamento de Inteligencia 142 de Tucumán, fue considerado partícipe necesario de los delitos de privación ilegítima de la libertad con apremios y/o vejaciones en 126 oportunidades, 124 casos de aplicación agravada de torturas, 6 casos de delitos sexuales y 40 casos de homicidio triplemente agravados.

En tanto, otro catamarqueño, Alberto Alfredo Svendsen, quien fue jefe de la Compañía Comando y Servicios del Comando de la Vta. Brigada, y llegó al juicio con numerosos cargos, resultó absuelto.

"Fue muy fuerte”, comentó la titular del PI nacional, Adriana Díaz, considerando que "a pesar de tantos años que han pasado, lo vivimos como una causa muy vigente”.

Y seguidamente reivindicó los juicios de lesa humanidad, porque "ellos (por los militares involucrados) pudieron ser juzgados por las leyes y la Constitución, y en algunos casos hasta ser absueltos por el beneficio de la duda”, describiendo que "esa es la diferencia entre la barbarie de la dictadura genocida y quienes legítimamente reclaman justicia”.