Cuando Barra “desvinculó” a Cristina de la causa Vialidad
El actual procurador del Tesoro, Rodofo Barra, desvinculó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchener, de posibles delitos en la causa Vialidad, en un informe que, oportunamente, elaborara sobre la cuestión.
Ante la Cámara de Casación, la defensa de Cristina Kirchner solicitará este jueves que se revise la condena por supuestos ilícitos en obras públicas en Santa Cruz. Presentará un informe elaborado por Barra, donde el hoy funcionario de Javier Milei advierte que quien ejerce la Presidencia de la Nación no tiene responsabilidad en “posibles hechos delictivos que se hubiesen cometido con motivo de contratación, ejecución o pago de obras viales”. El jefe de los abogados del Estado sostiene que “la administración general del país” corresponde al jefe de Gabinete, que Vialidad Nacional es un ente autárquico y que las provincias son autónomas.
La defensa de Cristina Fernández de Kirchner le solicitará este jueves a la Cámara de Casación que revea la condena a seis años de prisión en la causa Vialidad. La exmandataria sorprendió con un anticipo: su defensor, Carlos Alberto Beraldi, presentará un dictamen formulado el año pasado por Rodolfo Barra que ahora es el Procurador del Tesoro, es decir el jefe de los abogados del gobierno de Javier Milei. Barra sostiene en el texto de 21 páginas que la Presidencia no tiene responsabilidad alguna en “posibles hechos delictivos que se hubiesen cometido con motivo de contratación, ejecución o pago de obras viales”. En primer lugar, porque quien tiene, por la Constitución de 1994, “la administración general del país” es el jefe de Gabinete. En segundo lugar, porque Vialidad Nacional, en cuya órbita se hicieron las obras, es un ente autárquico. Y, tercero, porque las provincias -en este caso Santa Cruz- son autónomas. Las 51 obras cuestionadas se licitaron, adjudicaron, controlaron y pagaron en Santa Cruz. Es curioso que Barra argumenta en favor de la inocencia de CFK y lo mismo hizo el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien más de una vez sostuvo que "no hay pruebas contra Cristina".
Los recursos
Hace diez días se pusieron en marcha las audiencias, en las que el fiscal, Mario Villar, y las defensas de los condenados e imputados van explicando sus posturas ante los magistrados. Los jueces intervinientes constituyen, como ya lo ha dicho Cristina Kirchner, “un pelotón de fusilamiento”. Dos de ellos, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky concurrían a Olivos y a la Casa Rosada a visitar a Mauricio Macri, en ocasiones a jugar al tenis o al paddle y en otras oportunidades a tratar cuestiones político-judiciales. El tercer juez de la Sala es Diego Barroetaveña cabeza de la lista más opositora al peronismo en la elección por cargos en el Consejo de la Magistratura.
En el juicio oral, CFK y otros imputados fueron condenados por fraude al Estado. Ahora el fiscal Villar pide que se los condene también por asociación ilícita. Los imputados reclaman el sobreseimiento.
El decreto clave
Este jueves es el turno de Beraldi, a cargo de la defensa de la expresidenta. Su planteamiento tendrá distintas aristas.
La base de la condena es que, supuestamente, CFK puso en marcha las obras para que se enriqueciera Lázaro Báez y, por esa vía, se favoreciera también la propia familia Kirchner. El fiscal y los magistrados argumentaron que todo se hizo a partir de un decreto, el 54/2009, que habilitaba a Vialidad Nacional a construir rutas utilizando dinero de un fideicomiso constituido con un impuesto sobre el gasoil. Lo asombroso es que ese decreto sigue vigente, o sea que ni siquiera Macri lo revocó. En este punto entra el dictamen de Barra, uno de los máximos expertos en derecho administrativo del país. El ahora funcionario de Milei es categórico en el texto: Cristina Kirchner no tiene responsabilidad alguna en materia administrativa y, por lo tanto, en la puesta en marcha, ejecución, pago y control de obras públicas. La responsabilidad es de los jefes de Gabinete.
A esto se agrega -también lo detalla el texto de Barra- que Vialidad Nacional es un ente autárquico y que las obras, que se hicieron en cada una de las provincias, fueron manejadas por cada uno de los distritos, que tienen autonomía.
Para redondear, en el dictamen de Barra se menciona que la realización de las obras, los presupuestos y los pagos fueron auditados por el propio Congreso de la Nación en lo que se llama Cuenta de Inversión, que es la aprobación de lo hecho en la ejecución de un presupuesto.