El Gobierno echó a 110 empleados del Posadas y va por quienes pararon en el Garrahan
En medio de un clima social cada vez más tenso y con las calles pobladas de reclamos, el Gobierno Nacional anunció este miércoles el despido de 110 trabajadores del Hospital Posadas y sanciones para quienes adhirieron a medidas de fuerza en el Hospital Garrahan, en desacato a la conciliación obligatoria.
El comunicado fue publicado directamente en las redes sociales del Ministerio de Salud, con un mensaje fuerte y claro: “No hay lugar para ñoquis ni acomodos”. Según la cartera sanitaria, los despidos corresponden a personal que no cumplía con sus funciones o registraba ausencias injustificadas reiteradas, detectadas tras auditorías internas.
“Cada peso que se malgasta en quienes no trabajaban, ahora se va a invertir en quienes sí ponen el cuerpo todos los días”, afirma el mensaje oficial.
La decisión llega en un contexto de alta conflictividad gremial. Mientras en Plaza de Mayo se movilizaban trabajadores del Garrahan junto a jubilados y organizaciones sociales, el Gobierno redobló su postura: descontará el día a todos los empleados que participaron de las protestas gremiales durante la conciliación obligatoria.
¿Medida de orden o ajuste encubierto?
La narrativa oficial sostiene que se trata de un paso más en el camino hacia “una salud pública eficiente, transparente y al servicio de los argentinos”, pero los gremios lo ven como un ataque directo a los derechos laborales y a la organización sindical.
Desde ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) rechazaron el accionar del Gobierno y aseguraron que las medidas de fuerza se sostienen por reclamos salariales y condiciones laborales cada vez más deterioradas. La tensión aumentó cuando, tras las protestas, la dirección del Posadas advirtió a los médicos residentes que podrían enfrentar sanciones si volvían a manifestarse.
No obstante, el hospital anunció una mejora salarial para los residentes, financiada con recursos propios, destacando que esta medida se da “gracias a una administración más eficiente”.
Conflicto en aumento y señales de endurecimiento
El Ministerio también solicitó levantar la audiencia con la Secretaría de Trabajo por la situación en el Garrahan, señalando el “incumplimiento deliberado” de ATE. En palabras oficiales: “El gremio eligió violar la ley y perjudicar a los pacientes”.
El mensaje final del comunicado deja poco margen para la negociación:
“Los hospitales no son refugios políticos ni oficinas de empleo: son espacios donde se salvan vidas. Vamos a seguir limpiando el sistema, sin miedo y sin pausas”.
Este endurecimiento en el discurso y la acción oficial abre un nuevo capítulo en el vínculo entre el Estado y los trabajadores de la salud pública, justo cuando el país enfrenta desafíos económicos y sociales cada vez más profundos.