Fuerte ajuste en salud mental con mínima ejecución del presupuesto en 2026
El programa nacional de apoyo y promoción de la salud mental atraviesa un escenario crítico en 2026, marcado por un fuerte recorte presupuestario y una ejecución de fondos significativamente baja.
De acuerdo con datos oficiales del presupuesto abierto, la actividad —dependiente del Ministerio de Salud y enmarcada dentro del programa de Prevención y Tratamiento de Patologías Específicas— cuenta este año con una asignación total de $47 millones. Sin embargo, en lo que va del año, solo se ejecutaron $1,4 millones, lo que representa un promedio mensual de apenas $466 mil.
El dato cobra mayor relevancia al compararlo con años anteriores: el monto actual implica una reducción de $428 millones respecto de 2025 y de $652 millones en relación con 2023. En términos porcentuales, la caída alcanza el 91,5%, evidenciando un ajuste profundo en el área.
La cifra mensual ejecutada resulta incluso inferior a otros indicadores económicos básicos. Por ejemplo, equivale aproximadamente a una jubilación mínima con bono, actualmente en torno a los $440 mil, y no alcanza a cubrir el costo estimado de medicamentos para una sola persona mayor, que según la Defensoría de la Tercera Edad asciende a unos $503 mil.
El programa tiene como objetivo implementar la Ley Nacional de Salud Mental (26.657), lo que incluye la capacitación de profesionales, la articulación con gobiernos locales, el desarrollo de investigaciones y el fortalecimiento de políticas públicas en la materia.
Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) ya habían advertido sobre esta tendencia durante el tratamiento del presupuesto, señalando que los niveles de inversión en salud mental comenzaron a caer abruptamente desde 2016 y nunca lograron recuperarse.
En este contexto, la combinación de recortes y baja ejecución presupuestaria plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para sostener políticas públicas clave en un área sensible, en un momento en el que la demanda de atención en salud mental continúa en aumento.
La situación refleja un escenario complejo que podría impactar en la calidad, el alcance y la continuidad de los programas destinados a la prevención y el tratamiento, profundizando las dificultades de acceso a este tipo de servicios esenciales.