“Los aumentos están totalmente desorbitados”

Lo primero que destacó la legisladora fue esta discriminación en cuanto a posibilidades de participación en este tipo de audiencias, diciendo que “mis conciudadanos catamarqueños, ni siquiera esa posibilidad tienen…”, algo que la empresa distribuidora si brindó a los usuarios de Mendoza y Córdoba.

Más adelante, la diputada se refirió al alcance que tiene el servicio público de gas natural en nuestra provincia: “Según los datos publicados por el Ministerio de Modernización el 2 de febrero pasado, mientras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en la provincia de Córdoba, aproximadamente la mitad de la población tiene gas natural, un 50% o 1 de cada 2 personas para que quede más claro, en Catamarca sólo tienen gas natural el 5% de mis comprovincianos, es decir que de cada 20 catamarqueños, sólo 1 tiene gas natural. Esto evidencia una discriminación, que lamentablemente no es una cuestión particular de mi provincia, sino que es algo que se repite, a medida que nos alejamos de la ciudad capital de nuestro país”.

“El Estado tiene una obligación respecto a todos los ciudadanos del país, de que este servicio, como es el del gas natural, llegue a cada uno de los hogares, a cada una de las familias, de cada una de las provincias argentinas por ser un servicio público nacional, como ha sido establecido en la Ley 24076 que regula la actividad de transporte y distribución de gas natural en nuestro país”, continuó.

Más adelante, Díaz se refirió concretamente a los aumentos: “De confirmarse los aumentos solicitados por las prestadoras de gas natural, que oscilan entre un 30 y un 45%, estaríamos hablando de un aumento del 110% de un año a otro, y más del 1000 por ciento si tomamos los precios del 2015, antes de la asunción del actual presidente Macri”.

“Con cualquiera de los porcentajes que midamos los aumentos, están totalmente desorbitados aún con las más exageradas mediciones inflacionarias en nuestro país y no guardan ninguna relación con los aumentos que vivimos a diario. ¿Entonces, cual es el sentido de autorizar a las empresas distribuidoras este aumento? ¿Este gobierno de manera deliberada busca beneficiar la actividad privada, la exagerada ganancia de las empresas, por sobre las posibilidades económicas de las y los argentinos? ¿Estos aumentos buscan seguir devaluando los ya malogrados sueldos de los que habitamos este país?”, lanzó.

“En la CABA o en Córdoba, el aumento impactará en los bolsillos de la mitad de los porteños y la mitad de los cordobeses, pero, ¿qué pasa con la otra mitad? La otra mitad tiene que suplir la falta de servicio comprando gas envasado lo que significa un aumento aun mayor, ya que el costo del gas envasado triplica el valor del gas natural. Y si ese es un impacto grande, imaginen lo que sucede en mi provincia, Catamarca, donde el aumento ya exagerado como dijimos del gas natural, y triplicado por la cantidad de catamarqueños que no tienen servicio de gas natural, afecta al 95% de los habitantes”.

La legisladora del FJPV se refirió a la falta de inversión en infraestructura de la empresa prestadora: “Las distribuidoras no asumen compromisos concretos de inversión. Hay un plan quinquenal de obras proyectadas, pero las mismas están condicionadas por la rentabilidad que obtenga la empresa en ese periodo, lo que se traduce en que las empresas prorrogan y prorrogan las obras, “patean” el problema como se dice en la cancha. Pero sin entrar en el tema de los cantitos cancheros, las distribuidoras no invierten, no toman riesgos, no asumen el compromiso social que les compete como proveedoras de un servicio público que como tal, debe llegar a todos y cada uno de los argentinos, sin importar donde viven”.

“Las y los catamarqueños, no solo pagamos una tarifa cada vez más cara, sino que nosotros también financiamos las obras de estas empresas privadas”, continuó.

“Los consorcios que se arman entre los vecinos de una cuadra, o de un barrio, son para financiar la obra de gas, para traer el gas a través de una cañería que pasa por el frente de nuestras casas, y que una vez terminada la obra, esa cañería pasa a ser patrimonio de la empresa distribuidora, para que ella nos venda gas, a precios cada vez más exorbitantes. Es como si plantamos una planta de limones, la cuidamos, la regamos, y cuando empieza a dar sus frutos se la damos al verdulero para que él nos venda los limones del limonero que nosotros plantamos!”, expresó ante la pequeña audiencia que se dio cita en la Sociedad Rural tucumana, por demás custodiada por fuerzas de seguridad.

“Es necesario un plan nacional de financiamiento de infraestructura de servicios públicos en general, y de gas natural en particular”, expresó dentro de los 10 minutos que se otorgaba a cada orador, mientras las empresas tenían la posibilidad de hablar el doble de tiempo.

“Hay una terrible desigualdad entre los principales centros urbanos y provincias como la mía. Si nos comparamos con Córdoba o la CABA, sólo tenemos el 1% de cañerías, de instalaciones de gas de las que tienen estas ciudades. Aquí ya no podemos hablar de desigualdad, ni de discriminación. Esto constituye prácticamente un abandono. La responsabilidad es tanto de las empresas distribuidoras, que acomodan sus costos contra los ingresos para tener una rentabilidad deseada o proyectada, casi sin compromisos ni riesgo alguno de inversión, como del estado nacional a través del ENARGAS, que debería ser el que controle, promueva y exija que los planes quinquenales de inversión se concreten”, señaló.

Sobre los proyectos catamarqueños

Ya finalizando la exposición, la diputada provincial se refirió a algunos de los proyectos que necesita la provincia de Catamarca de manera urgente, en este pretendido marco productivo que impulsa el gobierno nacional: “Desde hace más de 2 años que está prevista la obra Provisión de Gas Natural con Planta Reguladora para la Zona Sur, en nuestra capital. No es una obra de una gran inversión, ya que el costo esta alrededor de los 4 millones de pesos. Luego de dos años de espera, la empresa dice (dice) empezar la construcción a fines de 2018, aclarando que dependerá de la recaudación que se produzca en estos meses hasta diciembre”.

“Pensemos en las familias, en los vecinos que hace más de 2 años esperan tener gas natural. Es una espera acumulativa, porque seguramente ahora hay más vecinos que hace 2 años, y habrá más hasta diciembre. ¿Tenemos alguna certeza de que la obra efectivamente se inicie en diciembre de este año? Ninguna. Al igual que en años anteriores, la empresa puede argumentar que el recupero de la recaudación fue insuficiente, y posponer nuevamente el inicio. ¿Es posible que desde el estado se permita esta liviandad, esta falta de compromiso con los vecinos?”, expuso.

También se refirió a una obra que significaría un enorme impacto para los vecinos de Catamarca: “Otra obra que es imprescindible para nuestra provincia, y más en esta época en que todo se mide con la vara de la rentabilidad, es el Gasoducto Lavalle-Catamarca. Esta proyecto permitiría asegurar 50 años de gas natural para nuestra provincia, llevando gas natural a todo el departamento Valle Viejo, uno de los más poblados de nuestra provincia, y al mismo tiempo suministrar gas a una de las zonas más productivas, como es el departamento Santa Rosa, donde actualmente hay emprendimientos frutihortícolas, lecheros, ganaderos y maiceros. Además este gasoducto ofrecería la posibilidad de generar un ramal para abastecer de gas natural a toda la zona sur de Tucumán, desde La Cocha, Rumi Punco, Juan Bautista Alberdi, Aguilares, Concepción, zona de producción tabacalera y de caña de azúcar,  la que se vería gratamente beneficiada”.

Dentro de la grilla de oradores, en la que se alternaba a los que estaban presentes en Tucumán, con los que exponían desde los Centros de Participación Virtual, la diputada finalizó: “Los vecinos queremos y necesitamos el servicio público de gas natural. Pero alcanzar ese beneficio, con los valores que se manejan en la actualidad, difícilmente puedan acceder la gran mayoría. Muy pocos tienen la posibilidad de pagar 15.000 pesos para la obra de red externa, y otros 15.000 para toda la instalación interna de gas. Esto transforma a este servicio calificado como público, en un servicio sólo para una reducida elite con una capacidad económica para poder afrontar ese gasto. Es por esto que desde el estado, tiene que generarse un brazo financiero, con tasas subsidiadas para que este servicio sea realmente público. Hay que generar una solución integral. De nada sirve decirle a un vecino que el gas pasa por la puerta de su casa, si no tiene los medios económicos para realizar la instalación interna de gas. El estado tiene que generar instancias de Participación Pública Privada para que los vecinos, para que todos nosotros, en definitiva, vivamos mejor”.

“Tener gas natural no es sólo olvidarse de tener que comprar garrafas. También significa que en cada vivienda habrá un menor consumo eléctrico, y por lo tanto se descomprime la presión sobre ese otro servicio público. Si estamos bien calefaccionados en invierno, es muy probable que suframos menos enfermedades respiratorias, y se genera un impacto positivo sobre los costos en materia de salud en los hospitales públicos. No me quiero detener en los beneficios de tener gas natural, algo que ya todos sabemos. Pero si, y ya para finalizar, quiero remarcar que mientras haya argentinos sin este servicio público, habrá discriminación, habrá argentinos de primera y de segunda”, sentenció.