Milei impulsa reforma policial al estilo FBI: ¿seguridad o control sin límites?
El presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzaron una ambiciosa reforma de la Policía Federal Argentina (PFA) que busca modernizar la fuerza con un modelo inspirado en el FBI estadounidense.
Sin embargo, las nuevas facultades, como el patrullaje digital sin autorización judicial y la posibilidad de detenciones preventivas de hasta 10 horas, generan fuertes críticas y alarma en organizaciones de derechos humanos.
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¿Qué cambia en la PFA?
Patrullaje en redes sociales sin orden judicial: La policía podrá monitorear espacios digitales públicos —como Facebook, Twitter o sitios web— para prevenir delitos, sin necesidad de permiso judicial previo. Aunque el decreto asegura el respeto por la privacidad y libertad de expresión, expertos advierten que la norma puede abrir la puerta a una vigilancia masiva y a la persecución de opiniones críticas.
Detenciones preventivas sin autorización judicial: La reforma habilita a la policía a detener por hasta 10 horas a personas que no puedan acreditar su identidad y sobre quienes existan “fundamentos” para sospechar participación en delitos. Se notificará a un juez y el detenido podrá comunicarse con alguien de confianza, pero especialistas advierten que la redacción ambigua puede habilitar detenciones arbitrarias y abusos policiales.
Creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI): Inspirado en el FBI y la Policía Federal de Brasil, el DFI se concentrará en delitos complejos como narcotráfico, trata de personas y crimen organizado, con nuevas unidades especializadas.
Modernización y control interno: La reforma incluye cambios en la estructura jerárquica, ascensos y mecanismos internos para combatir la corrupción. También prevé mayor despliegue en provincias con alta criminalidad, como Rosario.
Reacciones y contexto político
La reforma llega en un momento de alta tensión política, tras la gira internacional de Milei y en vísperas de la presentación judicial de Cristina Kirchner, que moviliza a su militancia. Mientras el oficialismo defiende la reforma como una herramienta necesaria para combatir el crimen organizado, organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advierten que puede potenciar abusos, detenciones arbitrarias y violaciones a derechos humanos.
El debate político aún está abierto, ya que la reforma debe ser publicada antes del 8 de julio, cuando caducan las facultades delegadas al Ejecutivo para legislar en materia de seguridad. Especialistas coinciden en que un cambio de esta magnitud requiere discusión parlamentaria y garantías para proteger los derechos ciudadanos.