Dos pícaros sueltos en el mundo de la energía

Curiosamente todo el mundo coincide que la crisis energética que desde hace años padecen los catamarqueños es producto de la entrega del FCS del negocio de la luz a un grupo empresario que, desde el inicio mismo de su actividad, contó con la connivencia del poder político para eludir sus responsabilidades en cuanto a inversiones y niveles de calidad del servicio. En reiteradas oportunidades fue beneficiada con fondos nacionales, auxilios económicos y salvatajes diversos que nunca fueron suficientes para mejorar la prestación.

Pero parece que alguien de la actual gestión decidió por motus propio indultar a dos de los nombres más representativos de aquellos años negros, Alberto Koziscki y Rafael Assante.

Tal cual se informó ampliamente por todos los medios, Koziscki, que se desempeñó como gerente general de la ex EDECAT S.A., la nave pirata insignia de los hermanos Sergio y Alberto Taselli, ahora preside (sin rubor alguno) un foro donde se debate el tema de los servicios públicos.

Como se recordará el paso de los temerarios hermanos Taselli en la historia de los servicios públicos se inició en enero de 1996, luego de un cuestionado proceso de privatización que se llevó adelante durante el gobierno de Arnoldo Castillo. En ese momento, la cara visible de la firma era Sergio Taselli y Koziskci se desempeñaba como su gerente general, su brazo ejecutor instalado aquí en Catamarca.

Todo comenzó con la entrega de la DECA (Dirección de Energía de Catamarca) a uno de los grupos empresariales de Sergio Taselli, que por 12 millones de pesos, el 5 de enero de 1996 tomó la prestación del servicio de energía eléctrica  y comenzó una larga historia que estuvo signada por los escándalos.

Para el gobierno de Arnoldo Castillo, la venta de la DECA era un excelente negocio porque decía que se desprendía de un organismo deficitario. El Gobierno siguió subsidiando a la empresa a través de la disponibilidad de los Fondos Especiales para el Desarrollo (FEDEI). Por este concepto, el Estado nacional destinó a Catamarca un  total de 26 millones a entregar ese año.

Cuando EDECAT se hizo cargo de la distribución de energía, el Gobierno transfirió estos fondos para que la empresa los interviniera en la interconexión eléctrica en el oeste provincial. En 1997, la distribuidora convocó a una licitación pública para adjudicar la obra de interconexión nacional en Andalgalá, Belén y Tinogasta. Llamativamente, resultó favorecida IATE (accionista de EDECAT) a pesar de que también compitieron otras empresas a las que se las acusó de ser socias de los hermanos Taselli.

La Nación, a través del Consejo Federal de Energía Eléctrica y la Secretaría de Energía, inició una investigación para deslindar responsabilidades por los permisos  y las facilidades que le otorgó el Gobierno de la Provincia a IATE.   En 1997, el Consejo Federal de Energía suspendió los envíos de fondos FEDEI al Gobierno provincial por la falta de rendición e irregularidades en su utilización. La Provincia estuvo a punto de perder ese beneficio, tal como lo denunció en reiteradas oportunidades el ex diputado Edmundo Soria. Después de 17 meses de inhabilitación, el Consejo Federal de Energía Eléctrica dispuso el reintegro a Catamarca de los  FEDEI.

También se produjeron sugestivos movimientos accionarios. En 1998, dirigentes y legisladores del FREPASO denunciaron ante Fiscalía de Estado que UNIVAL, una "empresa fantasma" radicada en Uruguay, se había quedado con acciones clase "A" de EDECAT en virtud de una transferencia contraria a lo normado en el contrato de concesión, que establecía que este tipo de acciones recién podían venderse 5 años después de la privatización, y siempre con autorización del ENRE. Pese a la contundencia de la denuncia, la Fiscalía de Estado no realizó investigación alguna.

Este tipo de maniobras se desarrolló mientras diferentes sectores denunciaban que la energía de la Provincia estaba en manos de un oligopolio, ya que, IATE, el grupo propietario de EDECAT participa también de la transportista TRANSNOA, a la que le compra energía, en una clara violación a la legislación vigente.

Ahora, muchas de las andanzas de los Taselli las investigan las justicias local e internacional, ya que los tribunales de Suiza se investiga el origen de unos 30 millones de dólares depositados a nombre de los Taselli.

Ojalá el tema se trate también el foro donde se debate el tema de los servicios públicos locales; Koziscki podría ahí decir lo que sabe, lo que se acuerde.

El otro pícaro suelto es también bien conocido, aunque no hay precisiones de como vino a caer donde está: representante de Catamarca en el Consejo Federal de Energía. Hay comentarios de que comparte sponsor con Koziscki, a partir de perdurar en el cargo que ocupó cuando se desempeñaba como subsecretario de Servicios Públicos, durante el gobierno de Eduardo Brizuela del Moral.

A pesar del cargo que hoy ostenta, Assante debe enfrentar la famosa causa por el Pozo 53, una investigación que se inició por una obra nunca se hizo pero que los fondos que estaban previstos para la misma fueron usados en gastos corrientes. La perforación tenía un presupuesto de 3.100.000 pesos que fueron entregados a la empresa Aguas de Catamarca SAPEM en tres cuotas.

Según se supo luego, hubo resoluciones ministeriales "mellizas" en el expediente de la obra. Es decir, que existieron dos instrumentos legales que tienen la misma fecha y el mismo número pero que eran completamente distintas.

Tambien se conoció que la resolución que liberó los fondos para la realización de la obra no fue publicada en el Boletín Oficial y no se tiene conocimiento de la existencia de la misma.

La información fue confirmada por Fiscalía de Estado que solicitará que el ex ministro Juan Acuña y el ex subsecretario de Servicios Públicos, Rafael Assante, presten declaración indagatoria ante la fiscalía de Delitos Especiales.

Se informó que estas disposiciones truchas firmadas por Assante tienen la misma fecha de emisión (23 de diciembre de 2010) y una idéntica numeración de protocolización (Resolución Ministerial O.S.P Nº 609). En una de ellas autorizó el pago a favor de la empresa Aguas de Catamarca SAPEM destinados al Poso 53, por un monto total de $3.100.000 y la otra hace referencia a la aprobación del octavo padrón de beneficiarios del Programa Tarifa de Interés Social de Energía Eléctrica.

En la investigación que realizó Fiscalía de Estado y que ya entregó los resultados a los fiscales que entienden en la causa, Miguen Mauvecín y Marcelo Sago, se descubrió que la resolución que hace referencia a la Tarifa de Interés Social figura en una publicación del Boletín Oficial del año 2011. No obstante, la resolución "melliza" que dispone la liberación de los fondos a la empresa estatal no pudo ser encontrada y se desconoce su existencia.

Esta resolución autorizaba el depósito de la primera cuota del presupuesto total de la obra en las cuentas de Aguas de Catamarca por un monto de 2.100.000 pesos.

La Unidad Fiscal de Delitos Especiales y contra la Administración no definió la tipificación delictiva pertinente de este hecho. No obstante, desde Fiscalía de Estado consideraron que el hallazgo es "grave".

La causa del Pozo 53 surge luego de que el diputado Hugo Argerich denunciara públicamente que Aguas de Catamarca SAPEM, encabezada por Juan Carlos Montenegro, solicitó al Ministerio de Obras y Servicios Públicos fondos para la construcción de la obra pero que nunca la hizo.

La cartera que era conducida por Acuña desembolsó unos 3.100.000 pesos para la perforación que iba a beneficiar al sur de la Capital. Al finalizar la gestión del FCS, se conoció que la obra no se hizo y que se gastó el dinero en gastos corrientes.