Provincias mineras van a la justicia en contra de la Ley de Glaciares
La ofensiva la encabeza el gobierno de San Juan, a quien lo seguirá el de La Rioja. Se pide la inconstitucionalidad de la ley, porque se entiende que los recursos naturales deben ser administrados por leyes locales y no del ámbito federal. La posición del gobierno de Catamarca es contradictoria; porque mientras se ofrece garantía jurídica en embajadas, no se demuestra firmeza en los reclamos.
La sanción en la madrugada del jueves en el senado nacional de la versión dura de la ley de protección de glaciares, la más restrictiva para la actividad minera, desató la previsible reacción de los gobernadores cordilleranos con más vuelo nacional.
El pionero fue el sanjuanino José Luis Rioja, que advirtió que irá a la Justicia para frenar la norma, en una medida que estudian calcar el resto de los mandatarios afectados. “Se va a tener que litigar todo lo que se tenga que litigar para defender a las provincias”, remarcó Gioja, y recalcó que seguirá trabajando con otros mandatarios de otras provincias para la defensa de la minería. “No me interesan los costos políticos que tenga”, enfatizó.
Según trascendió, la estrategia incluiría la presentación de una medida cautelar para suspender la flamante ley tras su promulgación, hasta tanto un tribunal federal o la Corte Suprema de Justicia de la Nación definan si la iniciativa es verdaderamente constitucional.
Desde La Rioja , el diputado nacional Jorge Yoma adelantó la pretensión del oficialismo provincial, que lidera el peronista Luis Beder Herrera, de “ir ante la Corte Suprema para poder aprovechar los recursos naturales de La Rioja ”. “Las provincias están facultadas para recurrir a la Justicia si alguien quiere impedir la explotación de sus recursos naturales”, remarcó.
La movida política que encabeza San Juan, y al que se suma La Rioja, apunta a ratificar la voluntad política de sus gobiernos a favor de la actividad minera. Es lo que pretende hacer Eduardo Brizuela del Moral cuando visita embajadas como la de Canadá; actitud importante claro, pero que no se condice con ausencias estruendosas en el Congreso, o este silencio estruendoso sobre la iniciativa judicial que decidieron otras provincias.