¿Quién tiene el dinero recaudado por la ley nacional Nº 23.681/66?

En ocasión de ponerla en vigencia se dijo que los fondos recaudados serían destinados a obras energéticas para aumentar la generación de energía eléctrica.

Durante la reunión mensual que celebrábamos varios amigos con quienes fueran nuestros  profesores en la secundaria, fue posible escuchar las opiniones del doctor Rodolfo Ordóñez, Profesor de Geografía en segundo año quien había regresado de un viaje por Italia y pudo advertir la gran cantidad de usinas hidroeléctricas que funcionaban en la zona montañosa de la península itálica y, a propósito de la ley que motiva estas líneas, señaló lo acertado que sería aplicar esos fondos para instalar usinas hidroeléctricas en las zonas cordilleranas. El Profesor enfatizó al decir que “en la Cordillera de los Andes están todos los millones de megavatios que necesita el país para su desarrollo”.

Una afirmación similar efectuaría, en septiembre de 1973 y en el obrador del Dique de Cabra Corral en Salta, el doctor Vicente Leonides Saadi -a la sazón senador nacional por Catamarca-,  ante funcionarios de Agua y Energía Eléctrica de la Nación.

Al doctor Hugo Alberto Mott también le resultó llamativo el número de usinas hidroeléctricas que pudo observar durante un viaje a Italia que hizo siendo gobernador, en el año 1974.

Como nacidos en el Valle de Punilla, en Córdoba, hemos conocido de la existencia de siete diques a lo largo de 210 kilómetros de sierras. Los respectivos embalses proveen agua para riego y para generar electricidad. Obviamente, estas obras fueron Políticas de Estado al igual que las rutas provinciales y las obras de riego.

Con relación a los fondos recaudados a lo largo de 47 años nunca se ha conocido un informe del monto acumulado supuestamente en ”una cuenta especial”, se ignora también el lugar en que estarían depositados esos dineros y no se conoce que se hayan ejecutado obras para generar electricidad. Lo único cierto es que el país  padece desde hace muchos años un crecido déficit energético que obliga a importar combustibles pagando sumas siderales.

Tal vez con cierta ingenuidad suponemos que una investigación en este asunto podría ser tarea indicada para nuestros legisladores nacionales a través de un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional.

Si calculamos el monto que arroja en una factura ese seis por mil parece una insignificancia pero hay que calcular que ese porcentaje se aplica sobre todas las facturas por consumo eléctrico de todas las empresas distribuidoras existentes en el país tanto privadas como estatales y no es aventurado suponer que al cabo de casi medio siglo, el monto acumulado debe ascender a varios millones de pesos. Salvo que el Gobierno nacional haya tomado fondos de esa “cuenta especial” en calidad de préstamo o que se hayan construido usinas un tanto subrepticiamente.

Suponemos que alguien, en algún momento, podría responder el interrogante que sirve de título a estas líneas.