Vendidas por dinero: la brutal trama de explotación infantil que investiga la Justicia

Uno de los expedientes más recientes expuso la dramática historia de una adolescente de 13 años que habría sido entregada por su propia familia para una unión forzada y posteriormente sometida a abusos, violencia y explotación laboral.

La causa se conoció luego de una investigación llevada adelante en San Juan, donde la menor logró ser rescatada tras varios episodios de violencia. Según consta en el expediente judicial, la adolescente fue trasladada entre distintas provincias y obligada a trabajar en la vía pública mientras cursaba un embarazo.

De acuerdo con la investigación, la víctima vivía en condiciones de extrema vulnerabilidad: nunca había asistido a la escuela y permanecía completamente aislada de instituciones educativas y sanitarias. Durante su declaración ante profesionales judiciales, relató situaciones de violencia física, abusos y sometimiento dentro del entorno familiar donde fue retenida.

La Justicia Federal determinó responsabilidades penales y condenó a tres integrantes de una familia por el delito de trata de personas agravada. Las penas impuestas fueron de diez años de prisión para cada uno de los acusados.

El caso generó una fuerte preocupación entre funcionarios judiciales y organismos especializados en derechos humanos, ya que investigaciones similares se vienen registrando desde hace años en distintos puntos del país.

Uno de los antecedentes ocurrió en Mar del Plata, donde una adolescente de 14 años denunció haber sido obligada a convivir con un joven luego de un acuerdo realizado entre familias. Según la causa, la menor fue explotada laboralmente, obligada a mendigar y sometida a agresiones físicas y psicológicas. La investigación derivó en condenas por trata de personas y reducción a la servidumbre.

Otro expediente resonante tuvo lugar en Bahía Blanca, donde una mujer fue condenada a nueve años de prisión por explotación y reducción a la servidumbre de menores de edad pertenecientes a su entorno familiar. La Justicia comprobó que los niños eran obligados a vender objetos en la calle durante extensas jornadas y sufrían situaciones de violencia constante.

Fuentes judiciales señalaron que muchas de las víctimas detectadas en estas causas permanecían fuera del sistema educativo, sin documentación regularizada y bajo contextos de fuerte aislamiento social, lo que dificultaba tanto las denuncias como la intervención temprana del Estado. 

El caso Macaroff de Bahía Blanca: la abuela que explotó a sus nietos

El molde se repite en otra historia de la Justicia. Parece una versión bonaerense de un libro de Charles Dickens. En febrero de 2021, el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca condenó a Paulina Aida Macaroff a la pena de nueve años de cárcel por el delito de reducción a la servidumbre, luego de descartar una acusación por el delito de trata.

Las víctimas eran cuatro chicos, a los que habría esclavizado durante una década, de 2008 a 2018. No los había comprado: los había acogido. Los fundamentos de la condena a Macaroff, firmada por los jueces Silvia Fariña y Pablo Lacava, establecieron el vínculo: los chicos eran “todos nietos de ella”. 

Los adoptó, asegura la condena para someterlos “por empleo de violencia psíquica y física, y forzarlos a trabajar en su beneficio vendiendo objetos en la calle hasta altas horas de la madrugada”. La mujer, apodada “Mimi”, oriunda de Formosa, era analfabeta ella misma. Algunos de los niños, sin embargo, estaban escolarizados y habían sido parte de un programa municipal que abordaba la problemática de la exclusión en la comunidad gitana local.

La figura del matrimonio forzado aparece otra vez. El fiscal del caso apuntó a “su nieta, de 15 años de edad, quien vivía bajo su tutela luego de haber sido entregada por su madre a los 8 meses de edad, a un miembro de la comunidad gitana, en una fecha no específica pero cercana al 9 de octubre de 2018, en la ciudad de Bahía Blanca, con la finalidad de concertar un matrimonio forzado y a cambio de una suma de dinero”.

Precisamente, fue esta menor la que logró romper el cerco al acudir a su padre biológico. Ambos intentaron escapar en tren. La abuela “Mimi” llegó junto a una turba para impedirlo. La menor, eventualmente, fue rescatada y enviada al Hogar Cantilo para niñas en Bahía Blanca.

En el juicio, el fiscal acusador repasó, por ejemplo, “los testimonios de diversas licenciadas que iniciaron el abordaje sobre la víctima, de donde se extraen una serie de costumbres de la comunidad gitana relativas a la venta de las menores vírgenes entregadas en matrimonio a cambio de dinero y otros bienes, falta de escolarización, explotación laboral y tratamiento de las mujeres como objetos”.

La madre de los chicos fue imputada y finalmente absuelta.