Volvió después de 40 años para pagar alimentos a su hija con discapacidad

Río Negro fue escenario de dos historias judiciales poco frecuentes que, aunque distintas, exponen conflictos familiares arrastrados por décadas y la intervención del sistema judicial para repararlos. Por un lado, un hombre regresó al país después de cuarenta años de ausencia para acordar la cuota alimentaria de una de sus hijas con discapacidad. Por el otro, una mujer de Cervantes obtuvo una compensación económica tras demostrar que su exmarido ocupó en exclusividad la vivienda familiar durante más de veinte años.

El primer caso ocurrió en Cipolletti. Un hombre, que a mediados de la década del 80 abandonó a su pareja y a sus cuatro hijos para mudarse a Chile sin dejar rastro, regresó al país cuatro décadas después para sentarse a una mediación por alimentos.
Durante todo ese tiempo no mantuvo contacto con su familia ni colaboró en su crianza. Aunque todos los hijos son hoy adultos e independientes, una de las mujeres tiene una discapacidad que requiere mayor asistencia económica.

Ante esta necesidad, la madre recurrió nuevamente —tras años de intentos fallidos— al Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (CIMARC) para solicitar una mediación alimentaria. Con el acompañamiento de una defensora pública, se logró notificar al padre mediante WhatsApp, lo que permitió localizarlo y convocarlo a una audiencia.

A pesar del tiempo transcurrido, el hombre asistió junto a su abogado y finalmente acordó el pago de una cuota alimentaria equivalente al 30% de su haber jubilatorio, con inclusión del Sueldo Anual Complementario (SAC). Los depósitos deberán efectuarse del 1 al 10 de cada mes a partir de enero de 2026, además del pago correspondiente a diciembre.

La instancia de mediación no solo permitió formalizar el acuerdo económico, sino que se convirtió en el primer diálogo en décadas entre el hombre y sus hijos. Profesionales que participaron del proceso destacaron que fue el mediador quien alentó a restablecer la comunicación familiar, un punto que marcó un hito después de tantos años de distanciamiento.

Veinte años ocupando la casa familiar: la Justicia ordenó compensar a su exesposa

El segundo caso se dio en Cervantes y también involucra una historia que se extendió durante décadas.

María Alicia Carrilao se divorció en agosto de 2001, pero fue ella quien debió abandonar la vivienda familiar y alquilar, mientras su exmarido permaneció en la casa —una propiedad del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) adjudicada a nombre de ambos—. Con el tiempo, él incluso llevó allí a su nueva pareja.

Durante más de veinte años, la mujer sostuvo el pago de alquileres con una pensión reducida, mientras su ex continuaba usando la vivienda en exclusividad. Cansada de la situación, en 2023 presentó una demanda para reclamar una compensación económica por el uso desigual del inmueble.

La presentación incluía documentación del IPPV que acreditaba la titularidad compartida, comprobantes de las cuotas que ella misma terminó de pagar y notificaciones enviadas a su expareja para escriturar juntos.

El hombre respondió con una negativa total: dijo que ella había abandonado voluntariamente el hogar, la acusó de ser una “madre ausente” y sostuvo que su reclamo “colisionaba con la moral y las buenas costumbres”. También insinuó que buscaba un “rédito económico indebido”.

La jueza Ángela Sosa, del Juzgado de Familia de General Roca, desestimó esos argumentos y señaló que el tono peyorativo del demandado era “inadmisible” desde una perspectiva de igualdad de género.

Finalmente, aplicó el artículo 444 del Código Civil y Comercial, que permite reclamar una renta cuando uno de los cónyuges usa en exclusividad el inmueble familiar, y reconoció el derecho de María Alicia a recibir una compensación económica.

Dos historias distintas, un denominador común

Ambas resoluciones reflejan el rol central de los mecanismos de mediación y de la Justicia de Familia para reparar situaciones de desigualdad prolongada en el tiempo.

En un caso, permitió reabrir un vínculo quebrado durante cuatro décadas y asegurar el sostén para una hija con discapacidad. En el otro, reconoció el derecho de una mujer que cargó con las consecuencias económicas del divorcio durante más de veinte años.